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miércoles, 24 de diciembre de 2008

ORDENAN CAPTURA DE NUESTROS CAMARADAS


Ordenan captura de dirigentes opositores


Alberto Moreno, Renán Raffo, Olmedo Auris y otros dirigentes de izquierda pueden ser detenidos, a pesar que el premier Yehude Simon se reunió con varios de ellos y les dio garantías de que no serían perseguidos.


A poco más de un mes de que LA PRIMERA reveló un plan para detener a un grupo de dirigentes de izquierda y al líder opositor Ollanta Humala, en un proceso por "terrorismo internacional", hemos descubierto que ya existe la orden de un juez para que la policía proceda a las detenciones en cualquier momento.


Si Alberto Moreno, Renán Raffo u Olmedo Auris decidieran viajar por estos días de fiesta, quedarían detenidos en el aeropuerto o en cualquier garita de carretera y pasarían directamente a manos de la Dircote para ser investigados por una denuncia por colaboración con el terrorismo internacional, impulsada por la policía, una dependencia del Ministerio del Interior, y formulada por el juez Omar Pimentel Calle del 2do Juzgado Supranacional. Lo mismo les ocurriría si acuden a una comisaría por cualquier motivo.


Son 13 ciudadanos peruanos que se encuentran en esta situación en plenas fiestas navideñas y cuando el gobierno trata de estimular el solidario espíritu teletonero que tanto favorece la subida de Alan García en las encuestas. Todos ellos podrían ser ubicados en sus viviendas y detenidos, cualquiera de estos días.


En noviembre, este diario destapó, en vísperas de la reunión de APEC, un informe secreto de la Dircote que pidió la detención de los dirigentes y el ministro del Interior, Remigio Hernani, reconoció que la investigación existía y el pedido estaba hecho para las detenciones y la citación de grado o fuerza al líder nacionalista Ollanta Humala.


Ahora existe un "auto apertorio" del primer caso sobre terrorismo internacional, en el que, según nuestras fuentes, se ha comprendido a las 13 personas que estaban en el documento secreto que LA PRIMERA mostró a la opinión pública: Alberto Moreno Rojas del Río; Nicolás Olmedo Auris Melgar, Carlos Gerardo Benavides Caldas, Jorge Luis Jaime Cárdenas, Julio Isaías Céspedes Olórtegui, Yen Amadeo Campos Cuadrao, Luis Gastón Marquina Hernández, Luis Alberto Benites Jara, Eder Gerardo Cava, Jacinto Cunia García, Renán Raffo Muñoz, Rogger Abel Taboada Rodríguez y Felícita Cueva Capa, así como otros no identificados.


El mandato indica que se trata de una "medida limitativa de la libertad", que implica la "detención preliminar de los investigados", los que deberán ser llevados ante la Dircote, que podrá retenerlos por 15 días bajo interrogatorio, tras lo cual un juez determinará si procede la detención definitiva en un penal. El primer ministro Simon se reunió con parte de los implicados y les expresó su confianza y seguridad que eran totalmente ajenos a actos de terrorismo. Además dijo que no permanecería en el cargo si estas personas fueran detenidas.


Cacería de brujas


La acusación de la Dircote invoca una información supuestamente recibida de la policía colombiana y obtenida de la famosa computadora de Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto durante una intervención del Ejército del presidente Álvaro Uribe en territorio ecuatoriano. La credibilidad de la fuente ha sido cuestionada inclusive oficialmente en Colombia y de ahí viene una supuesta identificación de seudónimos que supuestamente corresponden a personas que han estado legalmente en el Perú y que han tenido reuniones legales y públicas con políticos peruanos.


El caso más notorio es el del parlamentario venezolano Almikar Figueroa, al que se le asocia con la Coordinadora Continental Bolivariana y que ha participado en el Perú en citas parlamentarias internacionales y en actividades diplomáticas en la embajada de su país y en las casas de algunos funcionarios. Esos encuentros son utilizados como "pruebas" de vinculación con el terrorismo internacional, sin que en ningún caso haya evidencias de participación de los peruanos en acciones de las FARC dentro de territorio colombiano, ni de los visitantes en planeamiento o ejecución de algún acto de terrorismo en el Perú.



Raúl Wiener Unidad de Investigación - Diario "La Primera"

lunes, 16 de julio de 2007

La Primera - Editorial


Si no hay solución
(Columna del Director del diario La Primera 16/07/07)

Escribo estas líneas antes de que se conozcan los acuerdos de la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).
Lo previsible es que la huelga general continúe, sobre todo por voluntad de los delegados de provincias.
Eso puede cambiar si el régimen accede a iniciar conversaciones con el SUTEP respecto a los reclamos de los trabajadores de la enseñanza, que no se reducen a la Ley de Carrera Pública Magisterial, aprobada deprisa y sin debate auténtico por el Congreso que preside Mercedes Cabanillas, graduada en la Universidad “Federico Villarreal”. Uno de los factores de la cólera magisterial en todo el país han sido los insultos lanzados por el presidente Alan García.
La campaña contra los maestros la inició el ministro de Educación José Chang, ingeniero graduado en la Villarreal. El pretexto fue una evaluación en marzo por el método típico del Apra en el poder: la improvisación, el empirismo y el cálculo sectario.
Ese examen “descubrió” lo que todo el mundo sabía desde hace años. Que la educación peruana está en quiebra y que hay maestros malos y pésimos; pero también buenos, excelentes y sobresalientes. Esto último no fue señalado por el ministro.
Me hubiera gustado saber cuántos de los profesores desaprobados por la evaluación se graduaron en las universidades o institutos controlados por el Apra.El sacerdote jesuita español Juan Cuquerella, director de los colegios “Fe y Alegría” en el Perú, declaró a El Comercio después de conocerse los resultados: “Ha sido una evaluación hecha en 20 días y cambiada en dos semanas. Cualquier universidad a la que se le pide que prepare una evaluación exige por lo menos un año para hacerlo”.
He señalado ya en estas páginas que el Apra subió al gobierno sin un proyecto educativo. La prueba es que el 16 de enero de este año, el presidente García asombró al país con una resolución suprema original: oficializó el Proyecto Educativo Nacional que otros, tras año de debate y diálogo, habían elaborado.
El Consejo Nacional de Educación acaba de difundir un llamado a los maestros que contiene dos argumentos sustantivos: 1. La reforma de la educación tiene que hacerse con los maestros y no contra ellos; 2. El reglamento de la Ley de Carrera Pública Magisterial debe definir, “con mayor claridad, quiénes y cómo van a evaluar a los docentes”. Atención: la Ley de García, Chang y Cabanillas publicada el 12 de julio en El Peruano ordena, en su artículo 30: “El Ministerio de Educación establece la política y normas de evaluación para el ascenso y el desempeño docente”. Preguntas ingenuas: ¿se va a exigir carné aprista para matricularse como maestros sustitutos? ¿Se va a evaluar a estos docentes improvisados?.
Cesar Lévano