Elpais.com
El presidente de Bolivia, Evo Morales, y líderes sindicales y sociales afines comenzaron el jueves una huelga de hambre para forzar al Congreso a que apruebe una ley electoral necesaria para convocar los comicios generales el 6 de diciembre, y que la oposición rechaza. Simultáneamente, los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo amenazaron con renunciar en bloque para forzar el cierre del Parlamento.
Morales y los dirigentes del denominado Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco; de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Avalos, y de la agonizante Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, anunciaron el comienzo de su huelga en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Poco después, el prefecto de Cochabamba, Jorge Ledezma, y varias mujeres se sumaron al ayuno, mientras la ministra de Justicia, Celima Torrico Rojas, dijo a la prensa que el Gabinete en pleno podría sumarse a la medida.
Morales dijo verse obligado a la huelga de hambre porque "frente a la negligencia de un grupo de parlamentarios neoliberales estamos obligados a asumir esta medida para defender el mandato del pueblo del 25 de enero", fecha del referéndum de aprobación de la nueva Constitución. Morales lamentó que los "antidemócratas de ayer y grandes demócratas de hoy" no quieren aprobar una ley "que garantice la aplicación de la Constitución".
La oposición cree que el proyecto de ley del Gobierno está diseñado para garantizar la reelección de Morales, al reservar 14 de los 127 escaños para grupos indígenas en detrimento de representantes de áreas urbanas. Además, considera que el sistema de voto dispuesto para los emigrantes no es transparente, y exige también la actualización del padrón.
El presidente boliviano comentó que "pedir un nuevo padrón es simplemente decir que no haya elecciones generales, prefecturales ni municipales", en alusión al punto de mayor controversia en las negociaciones que se llevan a cabo para intentar acuerdos y aprobar una ley más equitativa, según la oposición.
El Congreso ha estado reunido desde el miércoles para dirimir las controversias surgidas del texto del proyecto de ley electoral que defiende el oficialismo para asegurar los comicios de diciembre de 2009, que dará paso a la elección del presidente, vicepresidente y los miembros de la Asamblea plurinacional.
La sesión terminó con la amenaza de la mayoría parlamentaria de renunciar si la oposición no cedía y aprobaba el proyecto de ley. Una renuncia -que finalmente no se produjo- que provocaría la falta de quórum y derivaría en el cierre del Parlamento.
Paralelamente trabaja una comisión negociadora que ha logrado acercamientos en una decena de puntos en pugna y continúa discutiendo otros tres que representan la fuente del conflicto: la distribución de escaños indígenas en función de las nuevas circunscripciones electorales creadas en la nueva Constitución, el voto del ciudadano residente en el exterior y un nuevo padrón electoral.
La elaboración de un nuevo padrón electoral es el que proyecta una mayor renuencia del oficialismo e intransigencia de la oposición. Según el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, un 30% del padrón podría ser revisado ante las denuncias de irregularidades, pero negó la posibilidad de contar con uno nuevo, pese a que expertos aseguran que sí es posible en un lapso no mayor a cinco meses.
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