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domingo, 23 de agosto de 2009

Un grito en el desierto / Semana.com Colombia

Colombia no se hundió cuando mataron a Galán, pero su magnicidio sí la sumió en una túnel profundo y oscuro. No porque Galán fuera a cambiar el país, sino porque su muerte le hizo sentir a la gente que Colombia no podía cambiar. Pero las sociedades se crecen ante la adversidad y sus rabias y frustraciones han sido el motor con el que ha evolucionado la historia de la humanidad. Y sobre la impotencia colectiva ante el magnicidio de Galán se erigió una nueva ilusión: la posibilidad de un nuevo país.
Después de su muerte, nuevas generaciones pidieron a gritos cambios institucionales, grupos guerrilleros entregaron las armas y un nuevo contrato social se selló con la Constitución del 91. Después de una larga y horrible noche, de la guerra demencial de Pablo Escobar, del genocidio contra la UP, de guerras sucias, de violencias guerrilleras, de ver a Colombia como un país que se apuntaba a sí mismo con un cañón en la sien, parecía que se habían levantado las mayorías silenciosas para reivindicar la sabiduría de la sociedad, la nobleza del espíritu humano y la dignidad del Estado. Galán, aparentemente, no había caído en vano.
Durante estos 20 años Colombia se ha debatido entre dos fuerzas igualmente poderosas: una destructora y corrupta, y otra pacificadora y modernizante. La restauración moral de Colombia que enarbolaba Galán se estrelló contra una fuerza reaccionaria, una tenaza entre el narcotráfico y sectores de la política que no están dispuestos a perder el poder ni su patente de corso en el régimen político.
En los convulsionados años 80 Colombia buscaba sacudirse del Frente Nacional, que si bien había logrado pacificar el país luego de una cruenta guerra civil, se había convertido en un régimen político excluyente e inmóvil. Sólo que mientras el sistema se transformaba en uno que le abría paso a la competencia política, el narcotráfico, como clase económica y social emergente, intentaba ganar un lugar en el establecimiento político, esta vez a punta de bala y sobornos. Ese rasgo atávico de la vida republicana -la simbiosis de crimen y elecciones- se exacerbó hace un cuarto de siglo. Primero con Pablo Escobar cuando heredó una curul en el Congreso siendo el rey de un imperio criminal en los años 80, luego cuando el cartel de Cali se apoderó de una parte de la clase política a través de una sofisticada estrategia de sobornos y que llegó a financiar una campaña presidencial.
El dolor colectivo que produjo el magnicidio de Galán, sin embargo, no le alcanzó a la sociedad colombiana para hacer un punto de inflexión y blindar las instituciones del zarpazo de la mafia. Por el contrario, el crimen organizado ha adoptado nuevas formas, ha usado sorprendentes tácticas y si bien no ha doblegado a los colombianos, sí ha podido crecer su negocio ilegal, fortalecer su brazo criminal y su capacidad de corromper e intimidar.
Posteriormente, los paramilitares y los grupos del narcotráfico adoptaron una estrategia para capturar al Estado, sus rentas y sus instituciones, desde lo local, aprovechando los resquicios abiertos por la descentralización. Su estrategia implicó las peores masacres y actos de barbaries que recuerda el país. 'Don Berna', Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y 'Jorge 40', entre muchos otros, comandaron estos grupos criminales, armados como un ejército contrainsurgente, se apropiaron de alcaldías, gobernaciones, diputados y concejales en todo el país y penetraron a por lo menos una tercera parte del Congreso. Todo ello se ha revelado en el llamado proceso de la para-política.
Pero aun con la justicia actuando para castigar los vínculos de mafia, guerrilla y paramilitares con la clase política, estos impulsos del crimen organizado por obtener el poder político siguen latentes.
Colombia está iniciando una campaña electoral definitiva en su historia. Si hace siete años, cuando ganó Uribe, el reto era la derrota de las Farc, las del año próximo deberían ser las elecciones para empezar a romper el vínculo entre crimen organizado y política, y blindar el ejercicio público de toda incidencia de la violencia. La idea de civilizar por fin la política y de restaurar la dignidad del Estado, como primer paso para pacificar al país. Un grito que dio Galán muchas veces. Y que hasta ahora, retumba en el país, como un grito en el desierto.

sábado, 21 de marzo de 2009

Marido de Ingrid Betancourt, se considera "defraudado"


21 de marzo 2009.- Juan Carlos Lecompte, marido de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, se sintió "defraudado" por la ex rehén de las FARC después de que había luchado por su liberación.


Así lo dijo Lecompte en delaraciones al diario español El Mundo.


"Me sentí defraudado. Yo luché por su libertad y merecí un agradecimento que no hubo... (...) Quedo muy desconcertado, como toda la gente que me vio luchando", precisó en una entrevista publicada por el suplemento "La otra crónica" de El Mundo.


El diario español precisa que entrevistó a Lecompte en Bogotá en compañía de uno de sus abogados pocos días después del anuncio de una petición de divorcio presentada por Ingrid Betancourt, que invocó como causa "la separación de cuerpos".


Ingrid Betancourt fue liberada el 2 de julio de 2008 por las fuerzas especiales colombianas después de pasar seis años en la jungla en poder de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).


"La volveré a ver si la vida nos da la oportunidad. Pero no voy a buscar la situación", precisó Lecompte.

martes, 22 de julio de 2008

Ingrid Betancourt libre:Acelerar la búsqueda de la paz / Pacocol

Ingrid Betancourt libre:Acelerar la búsqueda de la paz


Por Jaime Caycedo


Secretario General del Partido Comunista Colombiano / Concejal de Bogotá


Ingrid Betancourt, los tres prisioneros de guerra estadounidenses y once funcionarios militares quedaron en libertad esta tarde tras un operativo militar incruento en áreas limítrofes de los departamentos colombianos Vaupés y Guaviare.

Fueron liberados, aparte la ex candidata presidencial, las siguientes personas:

Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, contratistas estadounidenses del Pentágono, capturados el 13 de marzo de 2003, cuando adelantaban labores de espionaje en el marco del Plan Colombia. Además, Juan Carlos Bermeo y Raimundo Malagón, tenientes del Ejército; Erasmo Romero, José Ricardo Marulanda, sargentos segundos del Ejército; William Pérez, José Miguel Arteaga y Armando Flórez, cabos primeros del Ejército. Vaney Rodríguez, teniente de la Policía. Jairo Durán, y Julio Buitrago, cabos primeros de la Policía. Armando Castellanos, subintendente de la Policía.

El gobierno colombiano ha presentado la operación como un triunfo militar en la política de guerra contrainsurgente del gobierno. De hecho, la operación implicó acciones de inteligencia e infiltración que permitieron comprometer, mediante simulación, a los guardianes de los rehenes. Jugosas recompensas para estimular las deserciones dentro de la propia guerrilla se anuncian permanentemente por los medios de comunicación y bombardeos de propaganda en las zonas de conflicto. No se descartan intercepciones de comunicaciones con la mediación satelital del Comando Sur de los Estados Unidos. El rescate coincide con el momento en que el candidato de Bush a la presidencia culminaba una visita a Colombia.

Debe recordarse que los gobiernos de Francia y Suiza habían enviado, desde hace varios días, contactos destinados a liberar a varias de las personas. Los movimientos de los cautivos, que provenían de tres grupos diferentes dispersos en la selva, indican que, efectivamente, estaban en proceso de ser reunidos, quizás en el contexto de las prometidas liberaciones.

Para Uribe este suceso representa un alivio en medio de la crisis política desatada por los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra parlamentarios cercanos al gobierno y la ex parlamentaria Yidis Medina, condenada por el delito confeso de cohecho, que determinó la mayoría de votos mediante el que fue posible la reelección de Álvaro Uribe, en las elecciones de 2006. Uribe ha planteado convocar un referendo para ratificar su legitimidad. Al mismo tiempo, se sabe que su objetivo es una nueva reforma constitucional que le permita reelegirse en 2010.

La natural alegría por el logro alcanzado, no oculta el que permanecen retenidos otros rehenes. Es claro que se trata de un revés pero no de una derrota de las FARC. El éxito alcanzado por las fuerzas oficiales no descalifica la necesidad del acuerdo humanitario, que puede ser un paso importante en la búsqueda de una salida política negociada del prolongado conflicto interno colombiano. En ese sentido debe continuar la presión nacional e internacional para alcanzar la paz democrática, con justicia social y soberanía.

martes, 15 de julio de 2008

"En ningún momento traicioné a las FARC" / Diario "El País" España

"En ningún momento traicioné a las FARC"

Uno de los dos insurgentes detenidos en el rescate de Betancourt niega haber colaborado en la liberación de la rehén como aseguró la guerrilla

Uno de los dos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia detenidos el pasado 2 de julio por el Ejército colombiano durante el rescate de quince secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, ha negado haber traicionado a la guerrilla como afirmaba el comunicado del grupo insurgente divulgado el pasado viernes. Las FARC manifestaron entonces, en el que fue su primer pronunciamento sobre la liberación de los rehenes más importantes que tenía en su poder, que no hubo rescate sino "fuga", "consecuencia directa de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó", afirmaba el escrito.

Según el abogado Rodolfo Ríos, el guerrillero Gerardo Antonio Aguilar, alias César, ha declarado al fiscal investigador que "que en ningún momento traicionó a las FARC". "Todo el mundo sabe que [el rescate] fue producto de una inteligencia militar sumamente avanzada, sobre todo en la interceptación de las comunicaciones telefónicas", aseguró el detenido.

César fue detenido junto con Alexander Farfán Suárez, alias Enrique Gafas, en la operación en la que el Ejército colombiano liberó a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, a los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves y a once militares y policías colombianos.

El pasado viernes, tras conocer el comunicado de las FARC, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, restó importancia a la declaración de la guerrilla e insistió en que se trató de "una operación impecable", además de pedir a los insurgentes "aceptar la derrota con dignidad".

www.elpais.com

sábado, 5 de abril de 2008

¿Le creemos a los medios de la burguesía?


COLOMBIA UN CONFLICTO DE NUNCA ACABAR ¿POR QUÉ?





Por Segundo Mendoza Díaz*

De manera interesada y mayoritariamente la prensa colombiana distorsiona la realidad, respecto al conflicto armado, convirtiéndose en vocera del régimen uribista que representa a la derecha más recalcitrante y a los intereses del imperialismo norteamericano. En eso, se parece mucho al gobierno aprista, no olvidemos lo dicho por Alan García, a raíz del paro agrario (donde fueron asesinados hermanos campesinos) – “…que no tiemble la mano a ningún policía (para usar su arma), porque lo respalda la ley, la constitución y sobre todo el presidente de la república”. Por lo mencionado, preocuparnos por Colombia es conocer e interesarnos por la verdad. La Juventud Comunista del Perú Patria Roja (JotaCé), difundirá, a partir de la fecha, una serie de artículos que informarán y analizarán esta difícil situación que afecta a la mayoría de hermanos colombianos.

El problema colombiano es histórico y político y éste tiene que ver con la lucha por la democratización real, la reforma agraria y la búsqueda de un país más justo. Se remonta a muchos años atrás; pero es a partir de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que cobra mayor ferocidad. Cada pico de violencia ha tenido como contexto y detonante la implementación de políticas que recortaban derechos de los trabajadores e incrementaban el entreguismo del país a los dictados de las potencias capitalistas, principalmente, norteamericana. Así ocurrió, con la imposición, a sangre y fuego, de un conjunto de políticas neoliberales a inicios de los 90, con el nombre de apertura económica.

Para entender el conflicto conozcamos algunos de los principales hechos de violencia sistemática ejercida, por el estado colombiano: 1948, asesinato de Jorge E. Gaitán; 1963, suspensión de licencia al semanario “Voz Proletaria”; 1964, gigantesca operación militar, denominada “Marquetalia”, con el objetivo de recuperar, para el estado, una remota región ubicada entre el sur del Tolima y el norte del Huila, conocida con el nombre de Marquetalia y acabar con un núcleo de “Autodefensa Campesina” dirigida por “Manuel Marulanda Vélez”, el ejército ocupó la zona pero no pudo liquidarlos, entre otras cosas porque recibió solidaridad de la población y de personalidades mundiales como Jean Paul Sartre, el grupo de autodefensa es proscrito y obligado a la clandestinidad, así nacen las mundialmente conocidas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC); mediados de 1970, fueron asesinados varios líderes de la Unión Nacional de Oposición (UNO) y del Frente Democrático; 1978, fueron dinamitadas las oficinas del semanario “Voz”, asesinato del periodista Manuel Cepeda Vargas; 1984, primeras desapariciones forzadas contra la Unión Patriótica (UP), organización democrática y progresista legal surgida en 1980 como una convergencia de fuerzas políticas, a raíz del proceso de negociación, entre el gobierno de Belisario Betancur y el Estado Mayor de las FARC, el nacimiento de ésta organización fue el mejor esfuerzo político que se haya hecho hasta hoy para dar solución al conflicto armado; 1985, la “Operación Cóndor”, auspiciada por el gobierno yanqui y que se extendió a lo largo de América Latina, y en 1986 el “Baile del Rojo”, el plan más espantoso que se haya visto en la historia de Colombia que literalmente exterminó a la dirigencia de la UP; 1987 Y 1990, asesinato de los candidatos presidenciales de la UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa respectivamente; 1994, un equipo mixto del ejército y los paramilitares asesinan al último parlamentario de la UP, Manuel Cepeda Vargas. Según versión de los sobrevivientes de la UP, el número de muertos pasó de 5000.

Pero la cadena de crímenes en Colombia, cometidos contra organizaciones progresistas, no es cosa del pasado, continúan con Uribe y con mayor saña e hipocresía, aprovechando que la sociedad colombiana ha sido bombardeada con las mentiras de la prensa oficial. Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la UP y del Partido Comunista Colombiano, otros 38 han sido desaparecido y 28 más sobrevivieron a atentados personales, además de miles de campesinos y estudiantes y desplazados. En este contexto nada garantiza que no se repita el exterminio que se hizo contra la Unión patriótica.

Un factor de agravamiento del conflicto es la intromisión norteamericana, que con el pretexto de combatir al narcotráfico han asentado bases militares en el vecino país para reforzar su pretensión de convertir en una verdadera colonia yanqui a toda Latinoamérica. El narcotráfico es un problema; pero, el gobierno no tiene la menor intención de combatirlo porque es la fuente de financiamiento de los paramilitares y de un gran sector de la derecha colombiana, tanto es así que existen investigaciones periodísticas serias que involucran a Álvaro Uribe con el otrora capo de la droga, Pablo Escobar. Estas condiciones y los antecedentes mencionados impiden el fin de la violencia política.

Queda demostrado, entonces, que el conflicto colombiano es un problema político por ende la salida tiene que ser de este carácter y sin la ingerencia yanqui, como proponen distintos gobiernos y personalidades del mundo y también la “Comisión de los notables” quienes contemplan como primera medida, el intercambio humanitario bilateral y recíproco. El conflicto no se solucionará dando una casa, un empleo, etc. a los guerrilleros que se reincorporen a la vida “democrática”, ni con la fuerza militar sino, y principalmente, con las urgentes transformaciones sociales y económicas en favor de las grandes mayorías explotadas y excluidas, así como tener la voluntad política para reconocer que la guerrilla es una fuerza beligerante y no un grupo de delincuentes como afirma, el guerrerista y proyanqui, Álvaro Uribe.

Las organizaciones y personalidades democráticas y revolucionarias, de cualquier parte del planeta, que apreciamos la vida y la paz con justicia social, estamos en la obligación de realizar una campaña activa de solidaridad para apoyar la salida política negociada a este conflicto que ha costado ya muchas vidas, fundamentalmente por la intransigencia de la derecha colombiana. Reconocemos el papel que está jugando el presidente Hugo Chávez, en la atención a un problema humano.

Desde la Juventud Comunista del Perú (JotaCé) nuestro aprecio militante a los camaradas del Partido Comunista Colombiano y de la Juventud Comunista (JUCO), y a todas las organizaciones y personas que luchan por una Colombia en paz, pero justa y soberana.



¡No queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana!


¡Si queremos y si nos da la gana América Latina libre y soberana!


*Segundo Mendoza es ex-Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y dirigente de la JotaCé - Patria Roja

viernes, 7 de marzo de 2008

Así nos vió el mundo. La JotaCé presente a pesar de las dificultades







Militantes de Izquierda marcharon frente a la embajada colombiana






Medio centenar de jóvenes militantes de partidos de izquierda se manifestaron frente a la embajada colombiana en Lima para exigir al Gobierno de Álvaro Uribe que ponga alto a la crisis desatada en la región y en reclamo de una solución pacífica a la violencia política en Colombia.

En la concentración, que duró pocos minutos, algunos de los manifestantes depositaron flores blancas en la puerta de la sede diplomática como "símbolo de paz" y para demostrar que los "jóvenes están por el diálogo", dijo a Efe Magalí Rosado, secretaria general de las Juventudes de Patria Roja, uno de los grupos convocantes.

"Hay una inminente amenaza de conflicto en la región y nosotros apostamos por la paz, rechazamos el terrorismo venga de donde venga", afirmó.

Rosado señaló que "el Gobierno de Uribe ha demostrado que no tiene la menor intención de llegar a un acuerdo y que está por la vía de generar un conflicto en la región", tras la incursión militar colombiana en Ecuador, en la que murió el "número dos" de las FARC, "Raúl Reyes".

Durante la marcha se leyó un documento de condena al "asesinato" de 24 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del Ejército colombiano, "cuando se encontraban descansando".

Dichos hechos, indicó el texto, "boicotean el acuerdo humanitario" entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero que permita canjear a un grupo de secuestrados por rebeldes presos, y "desestabilizan la región".

Asimismo, el documento expresó su "solidaridad" con el Gobierno ecuatoriano, que rompió relaciones diplomáticas con Colombia, frente a la "agresión de las fuerzas armadas colombianas".

Antes de disolverse, los manifestantes gritaron consignas contra Estados Unidos y contra el Gobierno de Colombia.



EFE

martes, 4 de marzo de 2008

Algo más de Colombia

Pasarse de la raya

Por Horacio Verbitsky

La incursión armada colombiana en territorio de Ecuador plantea el mayor desafío que la Confederación de Naciones de Sudamérica haya conocido en su corta existencia.
No se trató de una agresión convencional por cuestiones limítrofes, al estilo de las que en el siglo pasado enfrentaron a distintas naciones andinas. Lo que se desplegó aquí es una nueva y perversa concepción: la denominada guerra contra el terrorismo, que habilitaría a ignorar límites, tanto geográficos cuanto políticos y morales.
Las explicaciones del gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe agravan la situación. Primero pretendió que el enfrentamiento había ocurrido dentro de su territorio. Cuando esa versión se tornó insostenible afirmó que sus tropas se habían pasado de la raya en la persecución a un destacamento de las FARC-EP. Tampoco eso era cierto. El segundo jefe de esa organización, Raúl Reyes, fue bombardeado mientras dormía y la incursión terrestre posterior sólo tuvo el propósito de rematar a los sobrevivientes y apoderarse del cadáver de Reyes, que luego fue objeto de una exhibición propagandística.
Cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa reiteró su condena a las acciones y a los métodos de las FARC pero advirtió que no admitiría el ultraje a su soberanía, el gobierno de Colombia explicó que se había tratado de un golpe preventivo. Así pasó de la mentira voluntaria a la justificación inadmisible.
La doctrina del preemptive strike, expuesta en la academia militar de West Point por el presidente de los Estados Unidos, George W.Bush el 1 de junio de 2002, declara caducas las doctrinas de contención y disuasión de la guerra fría y consagra como única estrategia posible el golpear primero. “Debemos llevar el combate al enemigo, frustrar sus planes y enfrentar las peores amenazas antes de que se concreten”, dijo. Así, destruye las bases jurídicas que permiten la existencia de una comunidad internacional organizada sobre principios racionales y con intenciones pacíficas. En su lugar consagra la ley del más fuerte.
El gobierno colombiano sostuvo también que entre la información capturada a Reyes figuraban sus contactos con el canciller ecuatoriano Gustavo Larrea. ¿De qué extrañarse, si Reyes era el encargado de las negociaciones con los gobiernos extranjeros, como confirmó de inmediato el canciller francés Bernard Kouchner? En la documentación difundida por el director de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Naranjo, Reyes transmite al secretariado de las FARC el interés del gobierno ecuatoriano por una solución política, pero también una gestión estadounidense ante el canciller Larrea.
“Los gringos”, dice sin más precisiones Reyes, le pidieron al gobierno de Quito que transmitiera a las FARC el interés de conversar, porque el nuevo presidente será Barack Obama y “no apoyará el Plan Colombia ni el Tratado de Libre Comercio”. Hay buenos motivos para creer que esas negociaciones, las ya entabladas y las que pudieran abrirse luego del cambio de gobierno en Washington, hayan sido el principal blanco que procuró impactar Uribe. Ya había dado un indicio hace dos meses, cuando hizo todo lo que pudo para frustrar la misión humanitaria de la que participó el ex presidente Néstor Kirchner y que incluía a Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y Francia.
Los grandes éxitos que Uribe ha conseguido al empujar a las FARC hacia el corazón de la selva, despejando las ciudades y las rutas principales, son el principal activo con que cuenta para forzar una reforma constitucional que le permita aspirar a un tercer mandato. Dados sus altos índices de popularidad, no parece lejos de su alcance siempre que consiga remover el obstáculo legal. El cadáver del negociador de las FARC-EP es un trofeo valioso en ese camino tan peligroso para la democracia en Colombia y para la paz en Sudamérica.
Colombia se desangró durante décadas, sin que los vecinos hicieran otra cosa que quejarse por la intromisión estadounidense, que encontró en las guerrillas y en su nexo con las organizaciones que abastecen de sustancias estupefacientes a su mercado, el pretexto intervencionista perdido con la finalización de la guerra fría.
Los gobiernos progresistas de Sudamérica quebraron esa abstinencia suicida y decidieron involucrarse en el conflicto. Los presidentes de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay coinciden en buscar una salida negociada, porque éste es el tiempo de la democracia y de los medios pacíficos y no el de la lucha armada para la toma del poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado y porque Colombia es demasiado importante como para dejarla en manos del Comando Sur.
Hasta los ex guerrilleros que gobiernan Cuba y Nicaragua comparten esta apreciación. La novedad más reciente es que también los gobiernos de España, Francia y Suiza están dispuestos a participar en la búsqueda de ese desenlace. Con casi todos ellos, y también con el presidente de México, habló ayer Rafael Correa para comprometerlos en la elaboración de una propuesta conjunta que impida el derrame del conflicto colombiano.
El canciller argentino Jorge Taiana, quien regresará hoy al país, habló desde Ginebra con sus colegas de la región y con algunos presidentes, como Lula. Lo mismo hizo desde Olivos la presidente Cristina Fernández.Apenas desentonaron en esta polifonía el presidente venezolano Hugo Chávez y el ex presidente de Cuba, Fidel Castro. Chávez ordenó por televisión desplegar su Fuerza Aérea y enviar divisiones de tanques a la frontera colombiana. Es sólo una bravata verbal, incomparable con la terrible agresión colombiana a Ecuador, pero contribuye a la creación del clima bélico que para nada conviene a Sudamérica y desplaza el eje de la discusión. Desde su retiro, Castro escribió que oye sonar en el sur del continente “las trompetas de la guerra”.
Está claro que no la desea, pero hasta mentar su posibilidad es imprudente en un momento tan crítico.Con cualquier justificación que se intentara darle, una escalada bélica en Sudamérica sería el peor de los crímenes y la más contraproducente respuesta a la provocativa actitud de Uribe, porque proveería de nuevos argumentos al intervencionismo estadounidense. Nunca como ahora han sido tan promisorias las perspectivas para una región que tiene definitiva conciencia de la unidad de sus intereses y de su destino.
Sus presidentes dialogan con confianza en la búsqueda del bienestar de sus pueblos, con una sinceridad y una frecuencia sin precedentes.La responsabilidad mayor la tienen Brasil y la Argentina, pilares del MERCOSUR, que constituye a su vez la columna vertebral de la Confederación Sudamericana. Si esas voces prevalecen podrán fijar, en acuerdo con la Unión Europea, las grandes líneas de un acuerdo que exponga a la última guerrilla de América a los vientos de la historia, que no han soplado hacia donde el ahora octogenario Manuel Marulanda creía cuando era un joven campesino atraído por la utopía comunista; que devuelva a sus rehenes a la vida, que frustre el intervencionismo estadounidense y asegure la paz que tanto anhela Colombia. En lo más negro de la noche, es cuando más cerca está el amanecer.

lunes, 3 de marzo de 2008

6 de Marzo desde Colombia

La trascendencia del 6 de marzo



Por Iván Cepeda Castro


Bogotá, marzo 3 (El Espectador). Los actos del 6 de marzo de 2008 son hoy una realidad inocultable. En más de 20 ciudades del país, y en más de 60 en el mundo, sin el apoyo del cuerpo diplomático, ese día se llevarán a cabo diversos eventos. Desde Melbourne hasta Washington, desde Londres hasta El Cairo, el 6 de marzo con fotografías de las víctimas en sus manos, muchos compatriotas y miembros de reconocidas organizaciones internacionales harán un llamado mundial para que en Colombia se ponga punto final al crimen de desplazamiento forzado, a la práctica sistemática de las desapariciones y a las ejecuciones selectivas e indiscriminadas.


Más allá del carácter planetario que ha adquirido esta convocatoria, su significación se plasma en el debate social al que ha dado lugar en relación con los crímenes de Estado, la continuidad de las estructuras paramilitares y parapolíticas, la situación de las víctimas y sus derechos. Aunque los representantes de la derecha más primitiva en el país han intentado minimizar los alcances de la iniciativa, su reacción airada es la mejor demostración de la importancia que tiene para la sociedad colombiana elaborar la verdad de esta otra dimensión de los crímenes que se han cometido, así como de las implicaciones éticas y políticas que tiene su justificación. Ese debate rompe con el unanimismo que se quiere imponer desde la doctrina sobre “el terrorismo”. Como algunos columnistas de opinión lo han señalado, el 6 de marzo como ejercicio democrático permite que aparezca una franja social que condena con nitidez por igual todas las formas de la violencia. Por eso es simplista la interpretación que quiere reducirlo a un acto contestatario.


Algunos erróneamente querrán comparar las dimensiones de esta demostración con la del pasado 4 de febrero, como si se tratara de una especie de competencia entre marchas. Tal comparación no cabe. No se sustenta en parámetros equivalentes. Los actos del 6 de marzo no han contado con recursos económicos ni institucionales comparables con los de la marcha de febrero, y en cambio han sido objeto de múltiples hostigamientos. Uno de tantos ejemplos: “Mi familia y yo apoyamos la marcha. Somos de Montería pero acá no se ha establecido el lugar ni los organizadores por temor. Hay desmovilizados que aún siguen delinquiendo. Muchos dicen que no salen por tal motivo. Lo peor del caso es que la prensa se hace la de la vista gorda y no promueve la marcha”.


La movilización del 6 tiene un carácter original. Independientemente de su magnitud, será la expresión a escala mundial de una dimensión cualitativa distinta: los testimonios de los desplazados, el rostro de los desaparecidos, la biografía de los asesinados. Son los relatos de la historia reciente de una sociedad escindida entre un país urbano y un país rural. El 1º de marzo en Itagüí, las asociaciones locales de víctimas harán una galería de la memoria en cercanías de la cárcel donde están recluidos algunos de los jefes paramilitares. El 2 de marzo el Movimiento Visionarios por Colombia de Antanas Mockus ha convocado a personalidades del mundo intelectual, artístico y político para que hagan una lectura pública de testimonios de las víctimas. El 4 de marzo comienza en Flandes, Tolima, la Marcha Nacional de Desplazados que exigen tierra, dignidad y paz. El 6 de marzo se ha pedido a los ciudadanos que lleven a las manifestaciones la fotografía de una víctima. Esas imágenes y esos testimonios pueden ser parte del antídoto contra uno de los grandes males que padece nuestra sociedad: la indiferencia o el sesgo moral hacia los crímenes contra la humanidad.


lunes, 21 de enero de 2008

Declaración del Partido Comunista Colombiano

Apoyamos a Chávez en su tenaz tarea por el acuerdo humanitario


Declaración del PCC


Bogotá, enero 21 (PCC). El Partido Comunista Colombiano reitera su compromiso por alcanzar el acuerdo humanitario al tiempo que saluda y apoya al Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, por su compromiso solidario para avanzar hacia un acuerdo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; además de su apoyo a las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.


Con la liberación de Clara Rojas y la ex representante Consuelo González queda evidenciado que la facilitación y mediación encabezada por el presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba, se constituyen en el único canal eficaz para avanzar en el acuerdo humanitario y que además ha concitado a la comunidad internacional, colocando la salida política como el asunto de fondo para la solución del conflicto.


La lucha por el acuerdo humanitario se erige hoy en el mecanismo principal para que cese el cautiverio inhumano de cientos de compatriotas en las selvas y cárceles de Colombia. Es por ello que nos distanciamos de aquellas posiciones que tergiversan los solidarios esfuerzos por el intercambio humanitario y que terminan colocándose al lado de los llamados guerreristas del gobierno de Uribe y de los Estados Unidos.


Consideramos que hay que apelar a la comunidad internacional para buscar salida a las actuales tensiones binacionales. Tensiones que alimentan los intereses de los enemigos de la soberanía, la autodeterminación y dignidad del pueblo latinoamericano.


Las fuerzas democráticas no debemos caer en el juego sofistico que encubre a los enemigos de la paz, pues debemos tener claro que Uribe es enemigo de la paz y que quien quiere regionalizar el conflicto no es el presidente Chávez, ni las fuerzas insurgentes colombianas; por el contrario, son los Estados Unidos que con la anuencia del gobierno colombiano adelantan el terrorista y expansionista plan Colombia, la guerra sucia contra los procesos democráticos del continente, la imposición de políticas económicas anexionistas y las bases militares.


Llamamos al pueblo colombiano a redoblar los esfuerzos en la lucha por el acuerdo humanitario, al tiempo que rechazamos el uso instrumental y cínico de los sentimientos de dolor, que antes que contribuir a la solución de nuestro grave conflicto lo que hace es azuzar odios inútiles entre los colombianos.


Estamos convencidos que en el camino para la construcción de una Colombia digna y soberana, está la solución política negociada.


Partido Comunista Colombiano


Integrante del Polo Democrático Alternativo