Bolivia: la conjura oligárquica
Editorial de La Jornada
Bajo el signo de la ilegalidad de origen, y mediante recursos fraudulentos y antidemocráticos, las autoridades oligárquicas de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, realizaron ayer un referendo para hacer aprobar un “estatuto autonómico” aberrante, que trasladaría facultades irrenunciables del gobierno central a la administración local: entre las 44 competencias que pretenden arrogarse los gobernantes cruceños destacan la administración de los recursos naturales, el manejo fiscal, el reparto agrario, el control del transporte carretero, ferrocarrilero, aéreo y fluvial, el mando de las telecomunicaciones y hasta la vigilancia aérea mediante radares, así como la salvaguardia del orden público, que en el orden constitucional boliviano corresponde al gobierno central.
Para decirlo en forma breve, el proyecto de los oligarcas de Santa Cruz no es autonómico sino secesionista, e implica un proceso de desintegración nacional, como no lo plantea ningún otro estatuto autonómico en el mundo, salvo tal vez los obtenidos por las regiones iraquíes kurda y chiíta bajo la ocupación militar estadunidense.
El aparente disparate de la propuesta votada ayer –y, como era previsible, aprobada por una amplia mayoría compuesta por ciudadanos reales y por votos fantasmas– obedece a dos propósitos meridianamente claros: por una parte, la urgencia de las derechas racistas bolivianas, criollas en su mayoría, por deshacerse de un presidente indígena, progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia; por el otro, el interés de los grandes conglomerados transnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales bolivianos, control que les ha sido arrebatado en forma paulatina por el gobierno que encabeza el presidente Evo Morales con el propósito de restituirlo a la soberanía de la nación.
El mandatario fue claro en señalar que es el gobierno estadunidense el que “encabeza la conspiración”, habida cuenta que desde Washington se ha venido alentando el pretendido estatuto autonómico cruceño, a fin de negociar con la oligarquía local el acceso a los yacimientos de petróleo y gas y a los recursos hídricos de la región.
Semejante conjura oligárquica y extranjera, realizada a contrapelo de las leyes y de la Constitución de Bolivia, no habría podido emprenderse, ciertamente, en forma pacífica y democrática. La jornada transcurrió, como cabía prever, entre confrontaciones violentas y denuncias sobre urnas que llegaron a las casillas de votación previamente llenadas con votos en favor de la ilegal reforma autonómica. Significativamente, el diferendo reveló una alineación de clases: mientras los grupos pudientes y medios se volcaban por el sí, los sectores pobres y mayoritarios optaron por la abstención, por el voto en blanco o, en algunos sectores, por el rechazo activo a la realización del referendo.
Signo de los tiempos, y no exclusivamente de los de Bolivia, la defensa de la soberanía y de la integridad nacional corre a cargo de las clases populares, mientras los acaudalados hacen causa común con las trasnacionales para propiciar el debilitamiento del Estado y crear condiciones favorables al saqueo de los recursos naturales de nuestros países.
Aunque carece de validez legal, la votación de ayer deja dividida a la provincia en la que tuvo lugar y abre la perspectiva de una inestabilidad de largo aliento en la nación andina. Se sabía: el acoso al gobierno progresista e independiente de Evo Morales está en curso, y el referendo ilegal y antidemocrático realizado por los oligarcas cruceños es apenas uno de los primeros actos de la ofensiva.
Cabe hacer votos porque el pueblo boliviano y sus dirigentes logren sortear con éxito las maniobras que se avecinan y logren, a pesar de ellas, sacar a Bolivia del estado de dependencia, atraso, desigualdad y miseria en el que la ha sumido la alianza tradicional entre los ricos locales y los ricos de fuera.
