El aluvión de decretos legislativos impuestos a última hora por el Ejecutivo, la manera cómo encaró el gobierno el Paro del 9 de Julio, la forma nauseabunda en la que se eligió la mesa directiva del Congreso, fueron claros anticipos de lo que sería el Mensaje Presidencial del 28 de Julio. Es decir la voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias la profundización del modelo neoliberal, garantizar la estabilidad social y política recurriendo al autoritarismo, blindar con un manto de impunidad a la violación de derechos humanos y a la escandalosa corrupción que compromete a los regímenes que se han sucedido desde los 80 en adelante, en particular al primer gobierno del propio García y al fujimorismo.
El 24 de julio la Coordinadora Política Social (CPS) hizo público su emplazamiento al Presidente García para que se pronunciara en el Mensaje de Fiestas Patrias acerca de la plataforma que motivó el paro del 9 de julio, verdadero veredicto popular, donde las grandes mayorías se pronunciaron por un cambio de rumbo para el país. El Presidente una vez más ha hecho oídos sordos a las demandas populares; en lugar de ello se dedicó, en una euforia de triunfalismo, a ensalzar las supuestas bondades del modelo y su gestión, pretendiendo que vivimos en el país de las maravillas.
Tampoco se ha hecho eco a la demanda de diálogo realizada por la CPS para discutir la plataforma del paro, por lo que es predecible que el descontento de la población se exprese en las calles con mayores dosis de radicalidad, no solo en las formas de lucha, sino también en el contenido de sus banderas. La polarización entre cambio y continuismo adquirirá mayor profundidad y se resolverá en el escenario de la acción política.
Porque el Mensaje del Sr. García ha sido claro: no habrá cambio alguno, sino más de lo mismo. Se seguirá gobernando para los ricos y las transnacionales; continuará el entreguismo de nuestros recursos y la economía del saqueo; no habrán incrementos salariales para compensar el alza del costo de vida; tampoco mayor presupuesto para atender la salud y educación; se seguirá lesionando nuestra soberanía al entregar nuestras empresas estratégicas a capitales extranjeros y permitiendo la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio; continuará la política de despojo a las comunidades campesinas y nativas; no habrá marcha atrás en la política de conculcar sus derechos a los trabajadores. Tampoco habrá moralización ni lucha contra la corrupción, ni se sancionarán a los grandes violadores de los derechos humanos.
Sucede que el gobierno no puede -ni quiere- escapar al círculo de hierro de los poderes fácticos, de los grandes hacedores de la economía, de los que toman las más importantes decisiones sobre nuestros destinos. Lo propio sucedió en su momento con Fujimori y Toledo, y lo propio sucederá con cualquier gobierno débil, que no tenga la voluntad de cambio, y que no esté dispuesto a apoyarse en las masas para soportar las arremetidas de los grupos que detentan el poder real: las grandes corporaciones de las que las clases dominantes nativas y los gobiernos genuflexos no son más que sus cómplices y marionetas.
En este contexto la Asamblea de los pueblos del Perú se revela como la gran articuladora de los diversos sectores populares. Su ámbito no se reduce a la acción gremial o sindical, ni a las luchas parciales. Está llamada a enarbolar las grandes banderas de la transformación política, económica, social y cultural del país, cuyos ejes son la lucha por una nueva Constitución, nueva República y Proyecto Nacional.
Solo entonces cerraremos esta etapa ignominiosa donde las gentes que hacen de pregoneros de feria para rematar a nuestro país, que no conocen de dignidad ni de amor a la patria, sean quienes presidan las celebraciones de las fiestas patrias y se llenen la boca invocando a nuestros héroes.
