viernes, 4 de julio de 2008

Estudiantes de San Marcos son reprimidos por la policía (Nota del Diario "La Primera")



Gobierno responde con represión

15 heridos en el hospitalEn horas de la tarde se vivieron nuevos enfrentamientos. Lo que empezó como provocamiento entre obreros de EMAPE y estudiantes acabó en una lluvia de piedras y la intervención policial con bombas lacrimógenas. Al final, el saldo no sólo quedó en furia sino en 15 estudiantes heridos que fueron derivados a nosocomios locales, pues mostraban heridas en espalda, cabeza y piernas a causa de las pedradas. En la noche, la mayoría fue dado de alta, pero el clima tenso no desciende en la casa de estudios.


Crece la convulsión social. En la mañana, Policía se enfrenta a mineros y dejan heridos. Por la tarde, sanmarquinos reciben ataque de trabajadores de obra en San Marcos y policía lanza bombas lacrimógenas. Hubo más de 10 heridos.


La jornada de protestas, que crece cada día, sufrió la represión y nuevamente las calles del Centro de Lima se convirtieron en zona de batalla. Ayer fueron dos sectores los que marcaron la pauta. Por un lado, los mineros respaldados por la CGTP llenaron las calles para enfrentarse luego con la Policía en el Congreso. Por el otro, un mar de alumnos de San Marcos también salió en marcha aunque estos últimos cerraron el día, en su campus, con un enfrentamiento con trabajadores de la municipalidad. Esta vez la sangre amenazó con llegar al río…


Estudiantes, trabajadores, docentes y autoridades de la Universidad Decana de América se plegaron en una marcha multitudinaria hacia el Congreso de la República, para pedir a los legisladores tomar cartas en el asunto, y exigir a la Municipalidad de Lima dar explicaciones sobre la cuestionada obra del by pass de las avenidas Venezuela y Universitaria.


La movilización, de cerca de seis mil personas, partió de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) poco más de las once de la mañana y recorrió la avenida Venezuela rumbo a la Casona de San Marcos, en el Centro de Lima. En ese punto se sumó a la protesta el rector de la universidad, Luis Izquierdo Vásquez, quien junto al vicerrector Víctor Peña, y 20 decanos de las facultades de la casa de estudios, se dirigieron junto a los alumnos al Parlamento, para reunirse con los congresistas Aldo Estrada, José Saldaña y Yhony Lescano, con quienes se acordó buscar al alcalde Luis Castañeda Lossio para entablar un diálogo.


“Como decano de la universidad más antigua de América, invito al alcalde de la ciudad más antigua del Perú a mantener una conversación y buscar una solución que beneficie a todos. Estoy dispuesto a entablar un diálogo, donde quiera y cuando quiera”, señaló Izquierdo.


Contradicciones


Durante esta jornada matutina se produjeron roces y algunos enfrentamientos menores entre sanmarquinos y agentes del orden. Al principio hubo airados reclamos de los alumnos al rector, a quien le increparon su tardía actuación frente a “los abusos” de la Municipalidad de Lima. “¿Por qué recién cuando los alumnos salimos a las calles él decide pronunciarse? Ni siquiera fue el domingo cuando tumbaron los muros. Que no se olvide que fue él quien firmó el Convenio Macro”, señalaron los estudiantes, a los que la autoridad universitaria –en su defensa– respondió que sí estuvo presente en el campus, y que se une a la lucha de los estudiantes en defensa de San Marcos. Al final coincidieron en la prioridad de la lucha y siguió la marcha. Como se recuerda, la UNMSM protesta por las obras del by pass, las cuales recortarían 28 mil metros cuadrados del campus, además de dañar patrimonio como la Huaca San Marcos.


Pero la violencia volvió a aparecer por la tarde, cuando se vivió un enfrentamiento entre alumnos de San Marcos y trabajadores de EMAPE, en los límites de la convulsionada universidad. La Policía intervino en algunos momentos y se denunció la toma del campus, pero el lanzamiento de bombas lacrimógenas –según versión de la Policía– fue para dispersar a alumnos y trabajadores que iniciaban una batalla campal. Las tensiones no bajan.


Mineros la pasaron peor…


En este caso, sí se puede hablar de una violenta y salvaje represión. Los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) que marcharon hasta el Congreso para exigir la atención inmediata de su pliego de reclamos, fueron cruelmente reprimidos por personal de la Policía, quienes no dudaron en rociar a los manifestantes con gas pimienta y lacrimógeno y arremeter con palos y caballos, lo que desató pánico y desorden entre los mineros, así como en los transeúntes de la avenida Abancay, donde estaba apostada la marcha a la espera de que sus representantes salgan del Legislativo.


La salvaje arremetida policíaca cobró una víctima en Fulgencio Colque, minero de la compañía Barrik, de Áncash, quien fue brutalmente golpeado por tres policías.


Según testigos del hecho, el hombre corrió de la avenida Abancay hacia el jirón Ayacucho, para no ser afectado por los gases. Sin embargo, los agentes lo interceptaron y lo golpearon.


Una vez que Colque cayó al suelo empezaron a patearlo, por lo que los comerciantes y vecinos del lugar tuvieron que defenderlo. “Lo han pateado, el hombre estaba tranquilo pero los policías empezaron a pegarle y al tumbarlo le patearon en la cabeza”, narró una vendedora del Mercado Central.


Luego de la agresión Colque se mostraba totalmente desorientado, y sólo atinaba a pedir que le avisen “a la gente de Barrik”. Una vez contactado con sus compañeros éstos pugnaban por trasladarlo a un hospital, para lo que solicitaron ayuda del Serenazgo de Lima, que sólo se inmutó a responder que “no podían hacer nada”.


Pedido en espera


Hasta el Congreso llegaron también los representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), encabezados por el secretario general Mario Huamán y el secretario de defensa laboral Edward Loli Ventocilla, quienes fueron recibidos por una delegación en el Congreso.


El motivo de la movilización fue demandar la derogatoria y declaración de inconstitucionalidad de las leyes que atentan contra los intereses de cerca de diez millones de empleados a nivel nacional, así como en contra de la denominada Ley de la Selva y de los pueblos indígenas.